El Congreso ha partido de una pregunta común: ¿qué podemos hacer para que una amenaza no termine convirtiéndose necesariamente en una catástrofe humana?
La aportaciones han llegado desde una diversidad de enfoques, lo que ha permitido conectar prevención, respuesta y reconstrucción. También recordar que detrás de cualquier emergencia hay personas cuyos derechos deben ser protegidos antes, durante y después.
Dos años después de la DANA: cuestionar la reconstrucción
Josep Vicent Boira, catedrático de Geografía de la Universitat de València, ha instado a mirar más allá de lo inmediatamente visible y a preguntarse qué modelo territorial, urbanístico y de movilidad ha incrementado nuestra vulnerabilidad.
En este sentido, defiende una respuesta supramunicipal y una planificación metropolitana capaz de integrar usos del suelo, infraestructuras y movilidad. Para el geógrafo, reconstruir no debería significar regresar sin más a la situación anterior, sino aprovechar el aprendizaje para corregir los factores que hicieron más graves las consecuencias de la catástrofe.
Las administraciones públicas ante una emergencia
Joan-Antoni Llinares, experto en gestión pública y primer director de la Agencia Valenciana Antifraude, nos recuerda que una de las responsabilidades fundamentales de las administraciones es proteger a las personas frente a riesgos previsibles. Por eso, sitúa en el centro de una buena gestión principios como el de prevención, anticipación, cooperación institucional, profesionalidad, respeto al conocimiento científico, transparencia o evaluación.
También insiste en la necesidad de aprender de la experiencia histórica. Las inundaciones forman parte de la relación de este territorio con su medio desde hace siglos y existe conocimiento suficiente sobre muchos de sus riesgos. Por tanto el reto es convertir ese conocimiento en planificación y políticas preventivas efectivas.
Patricia Delgado, responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Paiporta entre 2023 y 2026, ha aportado la experiencia de quien vivió la DANA tanto personalmente como desde la gestión municipal. Las dificultades para atender a una población afectada cuando habían fallado comunicaciones, infraestructuras y procedimientos habituales. En ese escenario, resulta necesario flexibilizar la administración para agilizar ayudas y responder a situaciones excepcionales.
Entre los aprendizajes, señala la importancia de una planificación proactiva, la actualización permanente de protocolos, la coordinación, el cuidado de los propios equipos de emergencia y la necesidad de disponer de alternativas analógicas cuando la tecnología deja de funcionar.
Un enfoque de derechos humanos ante las catástrofes
“Las catástrofes no desactivan los derechos, pero sí los ponen a prueba”. Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho y Política de la Universitat de València y codirectora académica del Congreso, propone superar una concepción del derecho que actúa únicamente después del daño y avanzar hacia una protección continua: prevención antes de la emergencia; protección y socorro durante ella; e investigación, recuperación y reparación posteriormente.
Solanes también subraya que una protección efectiva debe contemplar las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Alertas comprensibles y accesibles, evacuaciones viables, coordinación administrativa y reparaciones que puedan alcanzar realmente a todas las personas forman parte de esa garantía de derechos.
Susana Borràs, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili, propone abordar los desastres desde la justicia ambiental, puesto que las consecuencias de una misma amenaza son muy diferentes según las condiciones sociales, económicas y personales de quienes se exponen a ella.
Edad, discapacidad, aislamiento, pobreza u otras desigualdades pueden multiplicar la vulnerabilidad. De ahí la necesidad de incorporar a las políticas de prevención no solo mapas de peligros naturales, sino también las desigualdades estructurales, el acceso a la información, la participación, la tutela judicial, la dignidad y la reparación.
La sociedad civil: proximidad, experiencia y redes comunitarias
Noelia Alonso Ferrer, coordinadora del Área de Inclusión de Cáritas Diocesana de Valencia, considera que una ayuda eficaz requiere no solo solidaridad, también organización y comunicación. Señala que la recuperación tras la dana ha sido mucho más que reparar viviendas o infraestructuras. Ha supuesto acompañar a las personas para recuperar sus proyectos de vida, empleo, movilidad, necesidades básicas y, cada vez más, bienestar emocional.
Para Alonso, el mayor valor de las ONG es la cercanía, que genera confianza y permite detectar necesidades que podrían pasar inadvertidas. Así mismo, destaca el valor de fortalecer las redes comunitarias y la participación antes de que llegue una nueva emergencia.
Moisés Belloch, presidente y fundador de la ONGD Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE), ha compartido la experiencia de una organización valenciana especializada en búsqueda, rescate y ayuda humanitaria ante grandes catástrofes. Sus equipos multidisciplinares, formados por rescatadores, personal sanitario y guías caninos, han intervenido durante más de dos décadas en terremotos, inundaciones y otras emergencias en diferentes países.
Su experiencia evidencia que responder adecuadamente ante una catástrofe requiere una preparación técnica muy anterior al momento de la intervención y una coordinación capaz de complementar unos servicios públicos que, ante emergencias de gran magnitud, pueden ver superada su capacidad.
Ferran Dalmau, miembro de la Fundación Pau Costa y director de Medi XXI GSA, pone el acento en la autoprotección y en la necesidad de que ciudadanía y comunidades conozcan los riesgos a los que están expuestas. Señala que la resiliencia está estrechamente vinculada a esa “conciencia situacional” y a la capacidad de actuar antes de que la emergencia alcance su máxima intensidad.
Dalmau ha mencionado especialmente los incendios forestales y defiende la necesidad de incorporar medidas preventivas en los núcleos de población, así como gestionar de forma sostenida el territorio. Desde su punto de vista, educación, cultura, colaboración y sostenibilidad forman parte de una respuesta a largo plazo.
Mavi Molina, coordinadora de proyectos de Acción Humanitaria y Emergencias de Farmamundi, defiende una acción humanitaria basada en derechos y en el protagonismo de las propias comunidades. Nos recuerda que las personas afectadas no son meras receptoras de ayuda: deben participar en las decisiones y liderar sus propios procesos de recuperación.
Apunta a la cercanía de las organizaciones locales, que aporta conocimiento, rapidez y confianza antes, durante y después de una crisis. Y afirma que “la resiliencia no se improvisa”.
Cambio climático: entre la ciencia y la ética
Emilio Chuvieco, catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y Premio Rei Jaume I 2022, ha repasado las evidencias científicas del cambio climático y algunas de sus consecuencias ya observables: olas de calor, pérdida de glaciares, aumento del nivel del mar, alteración de ecosistemas e impactos sobre la salud.
Pero su intervención ha situado el reto también en el terreno ético: “La ciencia informa, pero no decide”. Apela a la precaución, la responsabilidad, la solidaridad intergeneracional y el bien común para afrontar un problema que afecta a toda la sociedad.
Por ello, Chuvieco nos insta a desideologizar el cambio climático y a combinar las transformaciones estructurales con el compromiso personal.
Investigación y docencia para prevenir mejor
Olga Mayoral, directora de la Cátedra de Cultura Científica para la Emergencia Climática de la Universitat de València, plantea la educación como una herramienta esencial para conseguir una sociedad capaz de afrontar un contexto climático nuevo y cada vez más exigente.
Advierte de que persisten errores conceptuales muy básicos sobre los riesgos. Por ejemplo, no temer una inundación porque no está lloviendo en el lugar donde nos encontramos. Por ello, defiende incorporar de forma más decidida la educación climática, el conocimiento del territorio, los simulacros, las desigualdades y el pensamiento crítico a los currículos educativos.
Inés Novella, profesora de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València, mostró cómo las decisiones sobre el espacio pueden reducir o aumentar las desigualdades. A partir de experiencias de investigación y cooperación en distintos países y del trabajo realizado después de la DANA, destacó que reconstruir también significa decidir qué necesidades y qué grupos de población se priorizan.
La planificación territorial nunca es completamente neutral: elegir dónde situar viviendas, servicios, transporte o espacios públicos tiene consecuencias distintas para las personas según sus condiciones y posibilidades de movilidad.
Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, apuesta por la adaptación de la planificación territorial, hídrica, económica y de emergencias al nuevo escenario climático.
Ha explicado que el Mediterráneo se ha convertido en una zona especialmente sensible por el calentamiento de sus aguas y la combinación de peligrosidad y vulnerabilidad. Para Olcina, la ciencia debe guiar los procesos de adaptación y la ordenación del territorio puede convertirse en una herramienta decisiva para minimizar impactos.
El fenómeno El Niño: una experiencia desde el norte del Perú
Guillermo Dulanto, catedrático de Economía de la Universidad de Piura, ha relacionado directamente el fenómeno El Niño con derechos como la vivienda, la salud, la educación, la alimentación o el buen gobierno.
Su intervención llama a exigir a los poderes públicos cambios más profundos y decisiones sustentadas en conocimiento experto. Como el impacto de estos fenómenos, afecta a derechos colectivos, obliga a pensar la prevención y la gestión pública más allá de cada episodio concreto.
Antonio Mabres, profesor emérito y exrector de la Universidad de Piura, ha aportado décadas de conocimiento sobre El Niño en el norte peruano. Explica que no se trata de un fenómeno desconocido. Sin embargo, sí es nuevo que crezca la frecuencia, intensidad e impacto sobre la población.
Insiste en la necesidad de aprender a convivir con El Niño, integrando el riesgo en las políticas, la planificación, las inversiones y las decisiones públicas en lugar de volver a improvisar cada vez que se produce un nuevo episodio.
La información ante los desastres: derechos y deberes
Arturo Checa, periodista y jefe de sección de *Las Provincias*, ha relatado las dificultades extraordinarias que afrontaron los medios durante la DANA de octubre de 2024, comparándolo con luchar con un monstruo de tres cabezas: carreteras intransitables, comunicaciones interrumpidas, dificultades para contrastar datos y rumores y, por si fuera poco, el impacto emocional dado que afectó directamente a miembros de las propias redacciones.
“Fuimos víctimas y notarios”, afirma, y lo dieron todo: el periódico no pudo llegar a los quioscos el 30 de octubre, pero al día siguiente fueron los propios periodistas quienes colaboraron en su distribución, ya que la flota se la había llevado la riada.
Su experiencia muestra que informar durante un desastre implica también convivir con sus consecuencias humanas.
Fèlix Tena, periodista de À Punt Mèdia, ha recordado a las víctimas de la DANA y ha reivindicado la obligación de seguir hablando de ellas cuando ya ha desaparecido la emergencia inmediata. Defiende que los medios, defendió, tienen que informar antes, durante y después.
Tena también ha relatado las dificultades de la cobertura sobre el terreno: À Punt había comenzado su seguimiento varios días antes, por la alarma roja anunciada, pero la pérdida de comunicaciones y el carácter extremadamente localizado de algunos efectos dificultaron comprender en tiempo real la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo.
M.ª Luisa Sánchez Calero, profesora de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, sitúa la comunicación dentro de la cultura de prevención. Una alerta solo protege realmente cuando consigue modificar conductas y permite a las personas comprender qué sucede y qué deben hacer.
Los medios, las instituciones y la propia ciudadanía tienen responsabilidades diferentes pero complementarias. Sánchez Calero sintetiza esa función informativa recordando que la ciudadanía tiene “derecho a saber y derecho a comprender”.
Maite Mercado, profesora de Periodismo de la Universitat de València, defiende que en una emergencia informar forma parte de la propia respuesta. La prioridad debe ser proporcionar una información útil y fiable, capaz de reducir incertidumbre y ayudar a la ciudadanía.
La rapidez es necesaria, pero nunca puede sustituir al rigor. En una situación marcada precisamente por el caos y la confusión, el contraste de fuentes y la explicación clara adquieren todavía más importancia.
En el diálogo de esta mesa, hay acuerdo en cuanto que disponer de un sistema de alertas es solo el primer paso: para proteger realmente a la población, los mensajes deben dejar claro qué está ocurriendo, dónde ocurre y qué debe hacer una persona para ponerse a salvo.
Investigación, intercambio, diálogo y continuidad
Además de las conferencias y mesas de debate, el Congreso ha acogido la presentación de más de veinte comunicaciones, procedentes de los ámbitos académico y asociativo. Tanto estudios como experiencias. Así hemos ampliado la reflexión sobre derechos humanos, prevención, emergencia climática y resiliencia.
El IX Congreso Internacional sobre Derechos Humanos ha sido organizado por la Fundación Mainel, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, la Facultad de Derecho y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, la Universidad de Piura, el Observatorio ODS y Justicia Social , Comunicadores por Europa de la Fundación COSO y la ONG Cooperación Internacional. Así mismo, ha contado con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana.
Las grabaciones y las actas del encuentro se publicarán próximamente para dar continuidad a las reflexiones y aportaciones realizadas durante estas dos jornadas.
