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Derechos Humanos y Lucha contra la discriminación
25
Ene

Los datos de la igualdad en España: buena nota, pero pocos avances dos años después de la primera huelga feminista

España, noveno país de la UE en igualdad pese a carencias legislativas y persistencia de la discriminación en la familia

Ampliar el concepto de violencia de género, eliminar estereotipos y dar cumplimiento real a las leyes, principales retos

Publicado originalmente por Jaime Gutiérrez en RTVE.

https://www.rtve.es/noticias/20200307/datos-igualdad-espana-buena-nota-pero-pocos-avances-dos-anos-despues-primera-huelga-feminista/2004950.shtml

Hace ahora dos años, España vivía su primera gran huelga feminista. Aquel 8 de marzo de 2018, 5,9 millones de personas, según datos de los sindicatos, participaron en los paros y 370.000 salieron a las calles solo en Madrid y Barcelona para reivindicar el final de la brecha salarial, del acoso y de la violencia contra las mujeres.

Un año después, en marzo de 2019, las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno y la Guardia Urbana crecieron hasta superar el medio millón de madres, hijas y abuelas que formaron una marea violeta que clamaba por desterrar cualquier ápice de machismo en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde la igualdad en el mundo laboral hasta la lacra de la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serloson muchas las reclamaciones que hace el movimiento feminista. Con la diversidad que lo caracteriza, lucha por la conciliación de la vida familiar y profesional, la paridad económica con sus compañeros masculinos o el acceso a la toma de decisiones y los puestos de poder. 

Ahora bien, más allá de las reivindicaciones generales, las expertas consultadas por RTVE.es creen que la definición del sujeto del feminismo, la eliminación de estereotipos y el cumplimiento efectivo de las leyes existentes son los principales hitos que deben marcarse desde las administraciones en el futuro.

España, noveno país en igualdad de género de la UE

«El feminismo es un movimiento de una enorme capacidad transformadora». Con esta frase explicaba la ministra de IgualdadIrene Montero, los objetivos de su departamento, que ha recuperado la categoría de cartera independiente desde su desaparición en 2010 y se ha comprometido a impulsar «una poderosa alianza feminista que haga que España sea un país más justo, más equitativo, más digno y con más derechos».

Más allá del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual al que daba luz verde este martes el Consejo de Ministros, en los últimos tres años, el Gobierno ha aprobado al menos cinco reales decretos, dos leyes y la modificación de una ley orgánica vinculadas a la igualdad de género. Tres de ellas estaban destinadas a la equidad en el mundo laboral, otras dos fueron de carácter económico y las tres restantes se encaminaron a la lucha contra la violencia de género. Dentro de este último paquete, destacan dos decisiones para la adopción de medidas urgentes para aplicar el Pacto de Estado contra la violencia de género suscrito en diciembre de 2017 por los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y las entidades locales.

“El desarrollo del Pacto de Estado no se ha materializado en más del 70 % de las medidas“

«El Pacto de Estado consiguió poner de acuerdo a todos los partidos políticos. Supuso aprobar un consenso en muchos ámbitos», recuerda la directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género. Rosa San Segundo considera que el mayor reto en este momento está en dar un cumplimiento efectivo y real a las leyes: «El desarrollo del Pacto de Estado no se ha materializado en más del 70 % de las medidas«.  

En este escenario, y antes de que el ministerio apruebe un nuevo marco legal que amplíe las coberturas de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, España ocupa el noveno puesto en el ranking que elabora el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) y en el undécimo del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) de la OCDE, ambos publicados en 2019.

Con 70,1 puntos de 100, España se sitúa 2,7 por encima de la media de la UE (67,4) y por detrás de Suecia (83,6), Dinamarca (77,5), Francia (74,6), Reino Unido (72,2), Finlandia (73,4), Países Bajos, (72,1), Irlanda (71,3) y Bélgica (71,1). Además, el informe eurpoeo destaca que el índice para España ha crecido en una tasa más rápida que el del conjunto de los países de su entorno. Por su parte, la OCDE estima que la desigualdad de género en España se encuentra entre las 11 más bajas de los países que la conforman, con una tasa del 14 %.

Un marco legal igualitario, pero con carencias

«Se ha conseguido que los objetivos de igualdad sean mucho más transversales» y «que se hayan incorporado a las estructuras de muchas organizaciones unidades específicas para impulsar medidas de forma interna y en el conjunto de sus actividades», explica la presidenta del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, que destaca el trabajo del Gobierno para impulsar el cumplimiento del Pacto de Estado, que -reconoce- «no ha tenido mucho recorrido hasta ahora».

Asimismo, y ante las «muchas demandas que es necesario recoger y atender» todavía, señala que -además del citado anteproyecto de ley de libertades sexuales– el ministerio de Igualdad está impulsando el desarrollo de un «Real Decreto de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación«. «Se está trabajando para llevar adelante las leyes para la igualdad social de las personas LGTBI y trans», añade.

“Los marcos legales son necesarios, lo imprescindible es cumplirlos“

No obstante, expertas como San Segundo ven «complicado sacar ahora mismo una legislación que sea un avance» y consideran que «lo adecuado sería cumplir con las herramientas que se han consensuado en momentos de mayor armonía». «Con el ataque [parlamentario] tan grande que hay, no sé si va a ser una verdadera involución», se pregunta.  «Los marcos legales son necesarios, lo imprescindible es cumplirlos», coincide Gimeno, que añade «el compromiso firme del Gobierno» con aplicarlos y destaca la necesidad de recursos para ello. 

Para la OCDE, España obtiene sus mejores notas en la igualdad de acceso a derechos y libertades civiles, con tasas inexistentes de desigualdad (0 %) en el marco legal de derechos y libertad de movimientos, en el de la participación en la política y en el de el acceso a la justicia.

El informe SIGI destaca la existencia de una Delegación del Gobierno para la Violencia contra la Mujer y de un Observatorio Estatal de la Violencia contra la Mujer, en el que las asociaciones de mujeres «juegan un importante papel como miembros colegiados», pero -en un país en el que se denuncian más de 1.000 agresiones y abusos sexuales cada mes– critica la falta de «sistemas estandarizados para recabar información sobre la violencia sexual» y una carencia formativa de los miembros de la judicatura y de los especialistas sanitarios para «lidiar con los casos de violencia de género».

De hecho, en diciembre de 2018, el Ejecutivo aprobó la modificación de la Ley Orgánica del poder judicial para garantizar la aplicación del Pacto de Estado y «avanzar hacia una efectiva formación y especialización» de magistrados y jueces en materia de violencia de género.

Falta protección más allá de la violencia de género

En cuanto a la integridad física de la mujer, el estudio de la OCDE es especialmente crítico con el marco legal para la violencia, en el que observa un desequilibrio del 50 %. Este es uno de los asuntos que pretende atajar el nuevo texto que ya ha iniciado su camino hacia el Congreso.

Para el organismo internacional, la ley vigente hasta la fecha «no protege a las mujeres de todas las formas de violencia basada en el género, y se ha producido un deterioro de los servicios de protección para las mujeres que han sobrevivido a la violencia, incluyendo la disponibilidad limitada de refugios», con 454 instalaciones destinadas a las mujeres que la han sufrido. Además, un 71,3% de los españoles cree que la Ley Integral contra la Violencia de Género es insuficiente, según el CIS de febrero.

[Mira el especial ‘Mil mujeres asesinadas’ del Lab de RTVE.es]

“Conceptualizar la violencia de género repercute en la magnitud de la problemática“

«La demanda es de conceptualización» porque «eso tiene una repercusión en la magnitud de la problemática», explica la politóloga y autora del libro El feminismo lo cambia todo: Un relato sobre la lucha contra el patriarcado, Silvia Claveria. Hasta ahora, recuerda, «solo se considera violencia de género cuando se produce dentro de la pareja y lo que se quiere es que también se cuente al cliente que mata a una prostituta o al violador que viola y mata a una chica«.

Es más, continúa, «al considerar estas violencias como violencia de género, también van a parar a un tribunal de violencia de género«, donde «teóricamente» los jueces tienen «más en cuenta todos los problemas e inconvenientes asociados».

Las mujeres siguen realizando más tareas domésticas…

La peor de las notas de la OCDE se registra en la discriminación en la familia (28 %), que -de acuerdo con los datos del organismo- encuentra sus mayores inconvenientes en la falta de medidas o programas «para generar apoyo social al fortalecimiento de la ley en la edad mínima de matrimonio» y en las carencias en el reparto de las responsabilidades domésticas.

«Las mujeres continúan realizando de media más tareas domésticas comparado con sus compañeros masculinos, a pesar de que el porcentaje de mujeres integradas en mundo laboral está creciendo», destaca el documento. Algo que, para Claveria, supone «que la mujer tiene una doble carga«, ante la cual se pueden aprobar medidas como la recientemente instaurada equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, pero también facilitar la externalización de algunas de esas cargas en guarderías o residencias púbilcas.

Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, publicada en 2015 por el Ministerio de Empleo, en España, las mujeres dedican 39,7 horas a su empleo principal frente a las 33,9 que dedican los hombres, 5,8 horas menos. Por el contrario, ellas emplean 12,5 horas más que ellos a trabajos no remunerados.

El porcentaje de mujeres que solicitan excedencias por cuidado de hijos -que en 2017 fue del 92,34 %, según datos facilitados por el Instituto de la Mujer– solo ha descendido en 4,35 puntos desde 2005, mientras que el de progenitores distintos a la madre biológica que lo solicitan ha aumentado casi en la misma cantidad (4,33 puntos), pasando del 3,33 % en 2005 al 7,66 % en 2017.

…pese a estar cada vez más integradas en el mundo laboral

Aunque la participación de las mujeres en el mundo laboral ha crecido de manera estable en las últimas décadas, el Parlamento Europeo señala la «persistencia de una brecha de género en el mercado laboral que incluye una brecha salarial, así como segregación horizontal y vertical«.

[Mira el documental interactivo ‘En la brecha’ del Lab de RTVE.es]

En España, los hombres cobran de media 5.783,99 euros más al año que las mujeres y la brecha salarial solo se ha reducido en 9 euros de 2016 a 2017, según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE. No obstante, desde 2008, cuando la diferencia en las ganancias anuales era de 5.292,71 a favor del varón, la diferencia se ha reducido en 491,28 euros.

Ante esta «discriminación laboral», que como recuerda Claveria se da cuando las mujeres están en la misma posición y trabajando las mismas horas, la Comisión Europea critica la inexistencia de una obligación legal para que las empresas publiquen información separada por sexos de los salarios, lo que, a su juicio, hace más complejo reclamar legalmente una discriminación salarial. «Es necesaria una revisión de las características de los puestos de trabajo, para poder remunerar igual los puestos de igual valor», añade la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, que recuerda que se trata de algo que pretende atajar el Ejecutivo con la nueva normativa.

La concentración desigual de mujeres y hombres en diferentes sectores del mercado laboral y de la formación universitaria en España sigue siendo un problema para la UE: hay en torno a un 24 % de mujeres trabajando en el sector de la educación, la salud y el trabajo social, frente a un 7 % de hombres. Menos mujeres (5 %) que hombres (29 %) trabajan en profesiones STEM, relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Además, tanto Claveria como Gimeno coinciden en apuntar a la existencia de «sectores feminizados» como el de las empleadas del hogar que «no se valoran socialmente, tienen unas retribuciones más bajas y se ven más afectados por contratos temporales o jornadas parciales, lo que afecta a la retribución media por sexos».

Por otra parte, el informe de la OCDE hace especial hincapié en otros dos aspectos: la propiedad compartida de terrenos para agricultura, que -a pesar de los esfuerzos de la administración- sigue en un 70 % en manos de hombres; y su presencia en mayor número como titulares de cuentas bancarias.

Rozando el techo de cristal sin romperlo

Para ambos organismos, España saca malas notas en la equidad en el acceso a los puestos de decisión y poder. El informe europeo le otorga 62 puntos de 100. No obstante, señala que la marca se ha incrementado en 16,1 puntos desde 2005 y que es el quinto país del ranking europeo.

Por su parte, la OCDE mide este aspecto dentro de la categoría del respeto a las libertades civiles, apartado en el que España tiene mejor nota, pero en el que se observa una «baja participación de las mujeres en la esfera pública y política» a pesar de la existencia de cuotas legisladas de equilibrio de género en las listas electorales tanto a nivel nacional como autonómico.

«Las cuotas de género se aprobaron antes el País Vasco, Castilla-La Mancha o Extremadura, y luego fue el Gobierno quien elaboró esta ley», apunta la politóloga, que cree que, «en España, ha pasado mucho que primero han ido las comunidades autónomas y luego el Estado» porque «tienen competencias compartidas».

En lo que respecta al acceso a puestos de decisión en la política, la tasa del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) para España es de 76,8 puntos, la cuarta más alta de la UE, con un incremento del número de mujeres en el Congreso que ha crecido desde el 31 % en 2005 al 43 % en 2018. Esta representatividad también ha aumentado en los parlamentos autonómicos, donde han pasado del 38 % al 47 %, pero -apunta Claveria- deja de ser así cuando se baja al nivel local. «Normalmente las mujeres que tienen que trabajar y encargarse de los hijos puden militar menos en los partidos», reflexiona.

En la dirección del Banco de España, la representatividad ha aumentado del 11 % al 30 %, y en puestos de dirección en las compañías más grandes del país, del 4 % al 22 %. «El gobierno Zapatero, con la ley de 2007, intentó que en 2020 hubiera paridad en los consejos de administración, peor, a diferencia de las cuotas gravosas en la política [cuyo incumplimiento puede conllevar la eliminación de la lista electoral], para las empresas era una recomendación y no había ningún tipo de sanción si incumplías«, explica la experta, que ve que «en otros países ha funcionado cuando, por ejemplo, en Noruega te sacan de la bolsa o en Italia hay multas» si no se alcanza la igualdad.

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